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TC anula norma estatal sobre plusvalías municipales

Al fin se ha publicado la sentencia que todos estábamos esperando. En la sentencia dictada el pasado 11 de mayo, el Tribunal Constitucional (TC)  ha vuelto a dar la razón al contribuyente en idénticos términos y reiterando la doctrina establecida en las sentencias 26/2017 y 37/2017 relativas a la normativa foral de este mismo impuesto en los territorios de Guipúzcoa y Álava.

El Tribunal deja claro que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no es, con carácter general, contrario a la Constitución Española en su configuración actual. Lo es únicamente -conculca el principio de capacidad económica, art. 31. 1 de CE- en aquellos supuestos en los que se someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas en que no se produce un aumento del valor del terreno desde la adquisición hasta la transmisión del mismo. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado a favor de la inconstitucionalidad en sentido idéntico para los territorios forales de Guipúzcoa y Álava.

El Tribunal deja en manos del Legislador la tarea de reformar la Ley estatal, haciendo uso de la libertad de configuración normativa que le corresponde, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

El Tribunal Constitucional, al igual que ya hiciera en las Sentencias de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, relativas a la normativa reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los territorios forales de Guipúzcoa y Álava, parece validar el método de cuantificación objetivo actualmente vigente del Impuesto para aquellas transmisiones de inmuebles en las que se haya producido un incremento de valor del terreno, sea cual sea el importe del mismo.

Por tanto, aquellos sujetos pasivos -transmitentes en negocios onerosos (compraventas) o adquirentes en transmisiones lucrativas (herencias o donaciones) que, durante la tenencia hayan tenido una pérdida del valor del terreno, si presentaron autoliquidación y no se ha producido la prescripción -cuatro años desde que finalizó el plazo voluntario de pago- podrán recuperar el Impuesto pagado solicitando la rectificación de la autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos. Los que tengan abierto un procedimiento de revisión, podrán aportar la sentencia.

Más complicado es el caso de las transmisiones en municipios que no tengan establecida la autoliquidación cuando, por no haberse recurrido la liquidación del Ayuntamiento, esta sea firme. En este caso, sólo cabría la posibilidad del tortuoso recurso de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, argumentando que el acto liquidatorio ha lesionado derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, como es el de capacidad económica. 

Si ha vendido un inmueble a pérdidas (esto es, si el precio por el que lo han vendido es inferior al precio por el que lo compraron) y ha pagado la correspondiente plusvalía municipal por dicha operación, le aconsejamos que se informe sobre la posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos por las cantidades pagadas por dicho impuesto. En ASESORIA FINANCIERA, S.A. estaremos encantados de estudiar su caso.

 

Un cordial saludo,

Madeha El Harrak Regrag. Abogada

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