Añadimos

a la especializacion
una vision estratégica global

Más

de 10.000 profesionales y 400 oficinas
a su servicio por todo el mundo

Estoy tranquilo

porque sé que estoy en buenas manos

Dedícate a hacer
crecer tu negocio

Nosotros velamos por tu tranquilidad

La solidez

de formar parte
de un gran grupo internacional

Contamos con expertos

allí donde los necesite

Seleccionados

como mejor despacho
profesional especializado

40 años

ayudando a las empresas
y ofreciendo soluciones

La satisfacción

de ver mi esfuerzo recompensado

Un gran equipo

para dar solución
a todos sus problemas.

MEDIDAS JUDICIALES COVID 19 (RDL 16-2020)

En el BOE de ayer se publicó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que entra en vigor a partir de mañana y en el que se recoge un paquete de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, siendo la medida más controvertida la habilitación de los días 11 a 31 de agosto como días hábiles en el ámbito judicial.
El Real Decreto-Ley 16/2020 aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, teniendo como principal prioridad la salud de los funcionarios de la administración de justicia y de los profesionales que desarrollan su labor en este ámbito.
Asimismo, con la aprobación de esta normativa se trata de hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales y pretende intentar superar el colapso judicial generado por la crisis del coronavirus desde que, con la declaración del estado de alarma, se suspendió toda la actividad judicial (salvo los servicios esenciales como protección de menores o violencia de género) y se paralizaron los plazos procesales.
En esta Newsletter explicaremos las medidas más relevantes adoptadas por el Real Decreto-ley 16/2020.

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA:
El 28 de abril el Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la crisis causada por el coronavirus en el ámbito de la Administración de Justicia que entran en vigor hoy, 30 de abril, y cuya vigencia es de tres (3) meses.

Asimismo, lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2020 será también de aplicación a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que se produzcan, salvo aquellas que tengan un plazo determinado en el propio real decreto-ley.

MEDIDAS PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD JUDICIAL:
Este bloque tiene como finalidad sobreponerse de la suspensión de prácticamente toda la actividad judicial desde la entrada en vigor del estado de alarma, contemplándose las siguientes medidas:

1. Posibilidad de convertir órganos judiciales en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.

2. Habilitación de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto (con la excepción de sábados, domingos y festivos), en los ámbitos judiciales en que dichos días sean inhábiles.

Dicha medida se ha tomado haciendo caso omiso a las propuestas realizadas por varios operadores jurídicos, incluso los propios funcionarios de justicia, de concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, de modo que pudiera desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.

3. Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.

4. Habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo.

5. Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.

MEDIDAS PROCESALES:
La finalidad de las medidas aprobadas en este bloque es la de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma y atender al incremento de asuntos en determinados ámbitos. Dichas medidas son:

1. Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma volverán a computarse desde su inicio (es decir, desde cero), siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente día hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

Aun cuando no se especifica en el Real Decreto-Ley 16/2020, en principio, se reiniciarán el día hábil siguiente al cese el estado de alarma, salvo que se disponga otra cosa en eventuales prórrogas adicionales del mismo.

2. El plazo para los trámites de los recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante el estado de alarma o en los 20 días siguientes a su finalización, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para su trámite (ya sea anuncio, preparación, formalización o interposición) en su correspondiente ley reguladora.

3. Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia, relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas (estableciéndose en este caso un sistema de compensación), así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por el Covid-19, y se regula asimismo un procedimiento urgente de modificación de medidas, con plazos de tramitación parecidos para las medidas provisionales.

4. En el caso de las demandas presentadas en relación con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que los que no afecten a más de 5 trabajadores y no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) se puedan regir por un proceso más simple y rápido a través de la modalidad procesal del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual. Los sujetos legitimados para interponer dicha demanda son tanto los representantes de los trabajadores como las comisiones representativas elegidas conforme a la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los ERTEs.

5. Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento, con la voluntad de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a nuevos retrasos.

Asimismo, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

Por último, se modifica y amplía la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, hasta el 30 de abril de 2021.

6. Se establece que desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con carácter preferente los procedimientos indicados a continuación:

En el ámbito civil:

a. Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas paterno filiales del artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario en materia de derecho de familia como consecuencia del COVID-19.
b. Los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica.
c. Los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato.
d. Los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

En el ámbito contencioso-administrativo, los recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19.

Por último, en el ámbito social, determinados procedimientos tales como los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados de los permisos retribuidos recuperables, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, los procedimientos para la impugnación de los ERTE COVID-19 y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia.

MEDIDAS CONCURSALES:
Mediante este paquete de medidas se quiere hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Estas medidas tienen una triple finalidad:

i. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación.
ii. Asimismo se busca potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez.
iii. Por último, se pretende evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales.

Las medidas más relevantes son:

1. Se recupera la figura del reconvenio. Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se permitirá al deudor solicitar la modificación del convenio que esté en período de cumplimiento (reconvenio). El procedimiento y régimen de mayorías serán los mismos que los previstos para la aprobación del convenio originario, si bien su tramitación será siempre escrita.

El reconvenio no afectará a créditos nacidos tras la aprobación del convenio ni a los acreedores privilegiados, salvo que lo apoyen expresamente.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se trasladarán al deudor las solicitudes de incumplimiento de convenio que se presenten para darle la oportunidad de formular un reconvenio, cuya tramitación tendría preferencia sobre aquéllas.

Estas mismas reglas se aplicarán a los acuerdos extrajudiciales de pago.

2. Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que conozca la imposibilidad de poder cumplir el convenio aprobado o las obligaciones adquiridas después, a solicitar la liquidación, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio. Sin embargo, si el deudor ya hubiera solicitado la apertura de la liquidación durante el estado de alarma, no se proveerá dicha petición en caso de que presente una propuesta de reconvenio.

Durante el año que sigue a la declaración del estado de alarma, el juzgado no acordará la apertura de la liquidación, aunque el acreedor acredite algún hecho de los que puedan fundamentar la declaración de concurso.

Si se incumpliera el convenio o reconvenio aprobado dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, se considerarán créditos contra la masa los derivados de ingresos de tesorería por financiación o constitución de garantías personales o reales (aunque provengan de personas especialmente relacionadas) que constaran en el convenio o reconvenio.

3. Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se trasladarán al deudor las solicitudes de incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado que se presenten para darle la oportunidad de renegociarlo o negociar uno nuevo, cuya tramitación tendría preferencia sobre aquéllas.

4. Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde la declaración del estado de alarma.

Durante este tiempo, se admitirá a trámite con preferencia la solicitud de concurso voluntario del deudor, aun cuando fuera de fecha posterior a la de concurso necesario.

5. La financiación que una persona especialmente relacionada conceda al deudor tras la declaración del estado de alarma dará lugar a un crédito ordinario en el concurso que se declare dentro de los dos años siguientes al comienzo de aquel estado. Durante este tiempo, la misma calificación obtendrá el crédito en que se subrogue una persona especialmente relacionada como consecuencia de haber satisfecho un crédito ordinario o privilegiado.

6. En las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores solamente se admitirá prueba documental y pericial –que deberá acompañarse a la demanda o a la contestación– y por regla general no será necesaria la celebración de vista. Se tendrá por allanado al demandado que no conteste a la demanda, excepto al acreedor público.

7. Tendrán tramitación preferente: incidentes laborales; ventas de unidades productivas; propuestas de convenio, reconvenio e incidentes de oposición a la aprobación del convenio; acciones de reintegración; solicitudes de homologación de acuerdos de refinanciación o renegociación de los homologados; medidas cautelares; e incidentes de conservación de la masa activa.

8. Los juzgados aprobarán con inmediatez los planes de liquidación ya presentados y requerirán la urgente presentación de dichos planes en los concursos que estén en fase de liquidación para proceder a su aprobación.

9. Se establece la obligatoriedad de la subasta extrajudicial para liquidar activos concursales, aunque el plan de liquidación dispusiera otra cosa. Sin embargo, en cualquier fase del concurso, las unidades productivas se realizarán a través de cualquier sistema de venta y se estará al procedimiento acordado para aquellos bienes afectos cuya enajenación ya hubiera sido autorizada judicialmente.

10. Dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma, cuando dos mediadores concursales rechacen su designación, a efectos del concurso consecutivo se considerará que el deudor ha intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos.

MEDIDAS SOCIETARIAS:
En este caso, las medidas van dirigidas a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, de tal manera que no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020 a los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio del deber de solicitar el concurso conforme al Real Decreto-Ley 16/2020 objeto de análisis.

Así, si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada ley, la celebración de junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL ALQUILER:
1. Se modifican las medidas relacionadas con la moratoria de rentas de alquiler de vivienda habitual que se establecieron en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de tal manera que, el arrendatario de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar, en el plazo de tres meses desde el 1 de abril de 2020:

a. Cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes; y

b. Cuando el arrendador sea una persona distinta de la anteriormente indicada, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario.

2. Para proporcionar cobertura financiera que se precise para atender los gastos de vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19 y que reúnan las condiciones que se establezcan, se autoriza al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de avales con total cobertura del Estado, para que las entidades de crédito puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a dichas personas en las siguientes condiciones:

i. En forma de préstamo finalista, debiendo dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda habitual
ii. Podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta
iii. El plazo de devolución será de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro
iv. En ningún caso devengará ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS:

Como medidas administrativas más destacadas encontramos:

1. Se suspende la causa de disolución de los organismos públicos estatales prevista en el artículo 96.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consistente en que el organismo en cuestión se encuentre en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos. Dicha causa de disolución no será de aplicación para las cuentas anuales de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

2. En relación con los contratos del sector público, se adapta la redacción del artículo 159.4, letras d) y f), de la Ley de Contratos del Sector Público, para sustituir las referencias al “acto público de apertura” por la “apertura del sobre o archivo electrónico”

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS Y OPERADORES:
Este bloque de medidas recoge las relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad evitar nuevos contagios mediante la adopción de las siguientes limitaciones que deberán contemplarse en los juzgados y tribunales durante lo que quede de estado de alarma y en los tres meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales:

1. Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.

2. La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, presencialmente, pero siempre con cita previa.

3. Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia telemática, salvo en la jurisdicción penal, en el que será el juez quien decida, y cuando el acusado se enfrente a una pena de delito grave, situación en la que siempre será necesaria la presencia física del acusado.

4. Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas.

5. Se dispensará a los abogados de usar las togas.

6. Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.

MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
En este bloque de medidas, nos encontramos con dos reformas concretas:

1. Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de Justicia.

2. Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan el teletrabajo.

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Todavía no hay comentarios.

Deja tu comentario

Nombre*

E-mail*

Website

Comentario*

*