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El tribunal constitucional anula la amnistía fiscal

El pasado 8 de junio se publicó una Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 que reguló la Declaración Tributaria Especial (DTE), comúnmente conocida como “Amnistía Fiscal”. 

La sentencia declara la inconstitucionalidad de la norma por infringir el principio de reserva de ley, al utilizar el Real Decreto-ley para aprobar una medida tributaria que afecta de manera relevante o sustancial al deber constitucional, de todos, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Sin embargo, sobre el alcance de la misma, precisa que no serán revisables, como consecuencia de la nulidad de la norma, las situaciones jurídico-tributarias firmes.

Como el principal efecto que tuvo esta regularización tributaria especial (DTE) fue “sanar” el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades de 2008, 2009 y 2010, incluso cerrar la posibilidad de que se apreciase delito fiscal en 2007, ejercicios en general prescritos hace tiempo, y la misma DTE no era revisable, la trascendencia práctica será muy limitada.

Pudiera incidir en esos ejercicios e impuestos si en algún caso no hubieran adquirido firmeza por haberse interrumpido la prescripción por el contribuyente o por actuaciones administrativas.

En cualquier caso, en nuestra opinión, resulta difícil aventurar cuáles serán las consecuencias últimas de esta Sentencia, puesto que abarca a la totalidad del Real Decreto-ley 12/2012 que reguló la Declaración Tributaria Especial (DTE), y hay que recordar que el resultado de la “AMNISTIA” fue la implantación de un sistema de información de determinados BIENES EN EL EXTRANJERO (MOD 720), y de un régimen que determina, con carácter retroactivo, la imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la imposición de unas sanciones tremendamente elevadas.

A este respecto, cabe recordar que estamos todavía a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre si anula o no la norma del Modelo 720, de información de bienes en el extranjero – que, recordemos, declara la imprescriptibilidad de las rentas ubicadas en el extranjero, el renacimiento de situaciones jurídicas firmes y la desproporción y multiplicación de las sanciones que esta ley establece, siendo predecible su incompatibilidad con los principio básicos del derecho de la Unión y de la propia Constitución, por lo que es de esperar que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie en breve en contra de dicha norma.  Y ello sí que tendrá efectos prácticos. Aunque para ello suceda todavía tenemos que esperar.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

José Maria Sánchez Alborch. Socio Fundador

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